Tartagal, Salta
A pesar de que a fines de 2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó el cese de desmontes en cuatro departamentos de la provincia, el desmonte ilegal continúa a la orden del día y Salta representa la región más deforestada del país.
Imágenes satelitales tomadas en octubre pasado y en enero de este año, demuestran que en la zona se continúa con la tala de bosques, por lo que al menos nueve mil hectáreas se perdieron en 2009.
Además, según la Secretaría de Ambiente de Nación, entre 2002 y 2006 se arrasó 414.934 hectáreas -lo que constituye más del doble del registrado entre 1998 y 2002-. En 2007 los números aumentaron a 435.399 hectáreas –lo que es superior al promedio de deforestación anual de todo el país, con 280.000 hectáreas-, por lo que en 2008 comunidades indígenas y organizaciones campesinas reclamaron el cese de la actividad y obtuvieron un fallo favorable en la Suprema Corte.
Sin embargo, las medidas del máximo tribunal hoy no son respectadas y la deforestación continúa latente, ya sea con el fin de destinar esas superficies a la agricultura o para la industria forestal. De esta manera, las imágenes satelitales confirman la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla. Se trata de al menos 9000 hectáreas que fueron desmontadas a pesar de regir la suspensión.
Las consecuencias climáticas
Cuando la Corte Suprema falló a favor del cese de desmontes, lo hizo sosteniendo que esa actividad “configura una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.
En febrero de 2009 el alud que afectó a la ciudad de Tartagal, en el norte de Salta, parece confirmar estas palabras. A pesar de que luego de la catástrofe el gobierno se dedicó a culpar a la naturaleza, la mano del hombre vuelve a tener gran incidencia sobre este tipo de fenómenos.
Como se explica desde Página12, luego de este hecho ocurrido hace más de un año, se realizó un estudio –llamado “Inundación de detritos en la ciudad de Tartagal”- en el cual el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) concluyó que la acción extractiva del hombre junto a los factores naturales pueden explicar lo sucedido, a la vez que existe un alerta de que la tragedia puede repetirse.
Este informe preliminar del Segemar señala que “las actividades realizadas por el hombre en la zona se relacionan con la acción petrolera (picadas, caminos y líneas sísmicas); explotación maderera; actividad agropecuaria; oleoductos y obras civiles para infraestructura de la ciudad. La tala selectiva y la deforestación para caminos, tendidos eléctricos y picadas aumentan la erosión y la escorrentía (agua que corre por la superficie)”. A la vez, considera que la cobertura vegetal del río Tartagal es un factor fundamental en la retención de aguas de lluvia en el suelo, por lo que sin ella es más probable que el agua baje con fuerza, produciéndose un alud.
A pesar de las restricciones y del impacto evidente sobre la vida humana, las actividades extractivas se siguen desarrollando en la zona de manera ilegal. Al respecto, desde la Universidad Nacional de Salta se mantiene el alerta: “No hay dudas de que Tartagal está expuesta a otro desastre como el de 2006 o el alud de 2009. Es urgente trabajar en la sustentabilidad de la alta cuenca, reforestar, frenar la actividad petrolera, prohibir la tala y ejercer un control estricto del desmonte. Nada de eso sucedió ni sucede. Entonces otro desastre es posible”.
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